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Parlament de Catalunya

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17/07/09

El acuerdo de financiación que hoy aprobará el Consejo de Política Fiscal y Financiera consta de dos elementos principales: el modelo y las cifras. En cuánto al modelo, el esqueleto es exactamente el mismo que propuso Solbes en diciembre, y que tanto rechazo generó en Catalunya. Así, el modelo se basará en el mismo esquema actual de necesidades de gasto que se cubren con los ingresos tributarios ajustados en más o en menos por los mecanismos de nivelación.

El nuevo modelo incorpora dos fondos de cierre: el de garantía (que asegura que se cubren los servicios públicos fundamentales) y el fondo de suficiencia global (que garantiza la financiación del resto de competencias a todas las comunidades) y que en la práctica hace la función de nivelación total y no parcial, puesto que puede ser negativo. Además, para añadir confusión al modelo, se añaden dos fondos nuevos de signo contrario, uno para las comunidades más ricas y otro para las más pobres o más envejecidas, pero a los que sólo les destina el 3,5% de los recursos.

Para distribuir el fondo de servicios públicos fundamentales (80% de los recursos), se pondera la población con otras variables: superficie, dispersión, insularidad (las mismas que en el sistema actual); población protegida y población mayor de 65 años (que eran las que determinaban los fondos de sanidad en el anterior sistema) y sólo se añade una nueva variable, la población escolar (reclamada por Andalucía). Así, variables que según el Estatut tenían que ponderar la población (inmigración, costes diferenciales o población en riesgo de exclusión), y que se consideraban irrenunciables, no están presentes.

En cuánto a las cifras, el documento no incluye ninguna cifra de previsión de los recursos adicionales que aportará el Estado ni en 2011, ni en 2012. Los famosos 11.000 millones de euros brillan por su ausencia (y por supuesto también los 3.855 millones para Cataluña en 2012). El único compromiso escrito es la aportación adicional que realizará el Estado para todas las Comunidades Autónomas en 2009 (algo superior a los 5.000 millones de euros) y en 2010 (algo superior a los 6.000 millones de euros). La aportación del 2010 incluye los fondos extra de dependencia que se pactaron en el Congreso y, por tanto, no son estrictamente una aportación adicional del Estado al sistema de financiación.

En definitiva, el modelo actual se mantiene, con mayor confusión de fondos y menor transparencia, y las únicas cifras ciertas, las de los dos primeros años del modelo van a suponer una mejora en la financiación muy limitada, que comprobaremos cuándo veamos las primeras liquidaciones en dos años. Y en el 2012, ¿quien se acordará de la enésima promesa de Zapatero?

Elisenda Paluzie
Degana de la Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona